La diputada del PSOE María del Puerto Gallego ha registrado una proposición no de ley en el Congreso para que el Gobierno incluya indicadores específicos sobre discapacidad en la próxima encuesta monográfica sobre violencia de género de 2013.
La iniciativa, a la que ha tenido acceso Europa Press, ha sido presentada para su debate en la Comisión de Discapacidad de la Cámara baja, y solicita a su vez la aprobación, en el plazo de tres meses, de una serie de medidas de protección a este colectivo, a incluir entre las actuaciones del Ministerio de Sanidad y Servicios Sociales, en concreto, en el catálogo básico de servicios sociales para las víctimas de violencia de género.
Es más, quiere que el Gobierno contemple en las macroencuestas, así como en todas las encuestas e investigaciones sobre violencia de género promovidas por el citado Ministerio, la obtención de datos desagregados referidos a la posible discapacidad o dependencia de las personas entrevistadas, garantizando, en todo caso, el respeto de la protección de los datos de carácter personal recabados.
Una doble discriminación
Según defiende Gallego, las mujeres con discapacidad que son víctimas de violencia de género padecen una doble discriminación, que se ve agravada debido a su mayor indefensión o dependencia y al posible ambiente de sobreprotección en el que viven algunas de ellas.
De hecho, apunta que su vulnerabilidad como grupo de riesgo se puso de relieve con motivo de los trabajos y el informe emitido en diciembre de 2009 por la Subcomisión el estudio y el funcionamiento de la Ley Integral de Medidas contra la Violencia de Género, en el Congreso de los Diputados.
Aunque sostiene que la citada Ley ya aborda la situación específica de las mujeres con discapacidad, la socialista cree que la mejora de las medidas puestas en marcha y la implementación de otras nuevas pasa por la necesidad de disponer de más datos sobre la situación real del colectivo.
A su juicio, el Gobierno del PP, en un año de mandato, ha demostrado que la necesidad de apoyar a las mujeres con discapacidad que son víctimas de violencia de género "no se encuentra entre sus prioridades", tal y como refleja la disminución del 20 por ciento en los Presupuestos de 2013 en aquellos programas de asistencia social para las mujeres víctimas y menores expuestos a la violencia, por ejemplo.
Garantizar el acceso a los recursos
Así las cosas, el PSOE insta igualmente al Ejecutivo a garantizar el acceso de las mujeres con discapacidad a los recursos puestos en marcha para la atención y la protección integrales a las victimas de esta lacra, conforme el principio de accesibilidad universal.
En este sentido, exige que se difunda la información en formatos que sean accesibles para las personas con problemas de aprendizaje y discapacidades sensoriales, de fácil comprensión del lenguaje, sistema "Braille" y lenguaje de signos.
De igual forma, solicita una mejora en la información correspondiente, así como en su divulgación y extensión en los materiales de prevención de violencia de género entre las asociaciones y entidades especializadas en discapacidad, con el fin de avanzar en la detección de los casos y en la adaptación de servicios que atiendan a dichas circunstancias.
La socialista reclama al Gobierno también un mayor impulso al trabajo conjunto de operadores jurídicos, servicios profesionales y asistenciales vinculados a la política pública de erradicación de violencia de género, mediante el intercambio de conocimiento y experiencias con los servicios y colectivos relacionados con las personas con discapacidad.
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