La evaluación de las PP ha devenido en lo que se conoce como rendición de cuentas, cuyo objetivo es el de determinar la eficiencia de las mismas.
Las "...acciones, decisiones y lineamientos ejecutados por el Estado se denominan políticas públicas. Por lo tanto, ellas son las acciones de gobierno que buscan cómo dar respuestas a las diversas demandas de la población. Las mismas juegan un rol fundamental en el desarrollo económico y en el bienestar social de una nación".
En Venezuela, la Constitución es la norma suprema y el fundamento del ordenamiento jurídico. En ella están plasmados principios fundamentales que deben regir las políticas públicas a seguir.
La evaluación de las políticas públicas ha devenido en lo que se conoce como rendición de cuentas, cuyo objetivo principal es el de determinar la eficiencia de las mismas. Se trata de comparar los resultados de las políticas públicas con los objetivos propuestos y los medios utilizados para llevarlos a cabo (Kauffer, Michel. 2012), en un medio social, donde prevalece la pobreza y la desigualdad.
A continuación presentamos un conjunto de políticas públicas, cuyos resultados puede usted determinar.
1. Carencia de un sistema de transporte público integrado, a nivel nacional, con acceso para personas con discapacidad.
2. Se desconoce cuáles son los resultados de las políticas promovidas para el acceso a una educación superior universitaria de acuerdo a las Resoluciones de 2007 y 2009 del Mppes de la época. (Lineamientos sobre el pleno ejercicio del derecho de las personas con discapacidad -PcD- a una educación superior de calidad y medidas de acción afirmativas a favor del ingreso de las PcD a la educación superior)
3 La (Des)profesionalización del personal que trabaja en el subsistema de educación especial.
4 El difícil acceso a los servicios bancarios, por parte de las PcD, de acuerdo a la Res Nº .232.09, de Sudeban, que obliga que a 33% de los servicios de telecajeros estén adaptados para su uso por parte de las PcD.
5 La no eliminación de las barreras físicas en calles, avenidas, edificios públicos y privados, etc. No existe un plan para ello a nivel nacional, estadal ni municipal. Carencia de una política pública en esta materia.
6 Carencia de políticas públicas dirigidas a las PcD, de forma coordinada e interinstitucional e intersectorial. Actuaciones de forma aislada y focalizada, salvo mejor opinión.
7 La politización de la discapacidad. Psuv/MUD y discapacidad.
8 Ausencia de campañas de concietización pública acerca de la discapacidad.
9 La no inclusión de la discapacidad en el currículo escolar.
10 Confusión entre dádivas y políticas de inclusión laboral.
11 Desconocimiento de estadísticas confiables acerca de la población con discapacidad en Venezuela.
12 La utilización de las discapacidades en el argot político para descalificar oponentes. Ejemplos que denotan desconocimiento, discriminación y falta de respeto inaceptable.
13 La no promulgación del Reglamento de la Ley de las Personas con Discapacidad de 2007.
14 La no ratificación por parte de Venezuela de la Convención Internacional sobre los Derechos de las PcD de 2008.
15 El Consejo Nacional para las Personas con Discapacidad sin poder decisivo en materia de políticas públicas. Carece de autonomía.
16 Ausencia de compromiso público de los diputados, gobernadores, alcaldes y concejales, en materia de discapacidad de acuerdo a un plan general de trabajo.
17 La falta de capacitación de los cuerpos policiales (PNB) en materia de atención de las PcD.
18 La ausencia de políticas crediticias por parte del sistema bancario dirigido a las PcD.
19 Las Pymes no vinculadas con la población con discapacidad.
20 Desconocimiento por parte del Estado del papel de las ONG privadas con planes y programas dirigidos a esta población.
21 La no vinculación de las tecnologías de la comunicación para la educación de las PcD.
22 La inclusión laboral no calificada predominante en el sector público, con vinculación del factor político.
23 La descalificación del sector privado en materia de inclusión laboral por supuesto incumplimiento de la norma al respecto. No se conocen sanciones por incumplimiento del sector público.
24 La no reglamentación del teletrabajo y el trabajo protegido, como alternativa para las PcD, en especial para las personas con autismo y deficiencias severas.
25 La no sinceración operativa de las unidades municipales para las PcD.
26 La no definición del modelo a aplicar en materia de discapacidad entre el médico, social, sociológico, educativo, biomédico, y operativo, a nivel interinstitucional.
27 La poca importancia que generó en las instituciones vinculadas con la problemática laboral de las personas con discapacidad, con respecto a la Declaración de Cádiz, suscrita por Venezuela, en la 22ª Cumbre de Cádiz 2012.
28 La imposición institucional por parte del Mppe/Dirección de Educación Especial, del término Persona con diversidad funcional, por encima de lo señalado por la Constitución del 99 en sus artículos 21 y 81.
29 La no aplicación de la Lopsymat, en materia de discapacidad en el sector público con preeminencia en sanciones al sector privado.
30. La no aplicación de las Normas Convenin en materia de discapacidad en todos los ámbitos: laboral, educativo, arquitectónico, espacios públicos, etc.
31 El predominio de la discriminación por la discapacidad en todos los ámbitos, a pesar de la Comisión Presidencial contra la Discriminación.
33 La existencia parcial del sistema nacional integral de las PcD.
34 La no inclusión de las PcD en la toma de decisiones en materia de PP y en el ejercicio de funciones en la administración pública nacional, estadal y municipal, en áreas de su competencia.
35 Desconocimiento de un plan de prevención de las discapacidades y su incidencia en el país.
36 La no atención de personas con discapacidad "dependientes" por parte del Ivss, a través de políticas incluyentes y no excluyentes a través de servicios de "reclusión".
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