Discapacidad. El Cermi planteará a Justicia propuestas para mejorar el acceso a la justicia gratuita por parte de personas con discapacidad

El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi) planteará al Ministerio de justicia propuestas para ampliar y mejorar el régimen de acceso a la justicia gratuita por parte de las personas con discapacidad, ya que considera que los términos del anteproyecto de ley aprobado hoy por el Consejo de Ministros son insuficientes en atención a las necesidades de este grupo social.

Aunque el anteproyecto mantiene en líneas generales la posición favorable respecto a las personas con discapacidad en relación con este beneficio que otorgaba la legislación vigente aprobada en 2006, introduce algunas restricciones que limitan el derecho, lo que supone un retroceso que no tiene justificación.

Así, el reconocimiento excepcional del beneficio que se puede hacer a las personas con discapacidad y para el que se amplían los umbrales de renta hasta 5 veces el IPREM, se restringe ahora solo a pleitos que tengan relación con la discapacidad del beneficiario, cuando en la legislación vigente se aplica a todo tipo de asuntos con independencia de que el objeto que lleve a litigar esté conectado con la discapacidad.

Para el Cermi, este requisito, inexistente hasta ahora, supone una pérdida parcial del derecho, por lo que propondrá su eliminación, planteando mantener el régimen actual, más acorde con la realidad de las personas con discapacidad y sus familias.

En cuanto a la ampliación del beneficio de justicia gratuita, sin conectarlo a capacidad económica, para personas con discapacidad "psíquica", cuando se trate de procesos en los que estos hayan sido víctimas de abusos o maltrato, el Cermi lo considera un avance, aunque pedirá al ministerio "que modifique la redacción para extenderlo a las personas con discapacidad de especial protección (categoría ya asumida por el Departamento que dirige Ruiz-Gallardón en el anteproyecto de Código Penal, y que incluye no solo a las personas con discapacidad intelectual -terminología correcta, no "psíquica"- así como a aquellas que presentan una enfermedad mental, entre otras)".

También propondrá a Justicia que este beneficio no solo se limite a los procesos derivados de un abuso o maltrato del que sean víctimas estas personas con discapacidad, sino que comprenda los litigios que puedan suscitarse a las mismas con los que su discapacidad guarde relación.